El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió una resolución histórica con 12 disposiciones para la protección del jaguar, su hábitat y los defensores ambientales. Esta decisión surge tras una audiencia de medidas cautelares realizada el 23 de abril en Sucre, impulsada por la denuncia de la diputada María René Álvarez sobre caza y tráfico ilegal en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, Santa Cruz.
Pese a intentos de bloqueo institucional, el dictamen establece acciones concretas: una pausa ecológica para quemas y extractivismo, la creación de un fondo de conservación, la revisión del estatus del jaguar en el Libro Rojo y una política de tolerancia cero al tráfico de vida silvestre. Además, se exige protección inmediata para los defensores ambientales desde instancias como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía.
El informe técnico-cultural presentado por WWF Bolivia destacó la urgencia de restaurar los ecosistemas afectados y reconocer el valor espiritual del jaguar para los pueblos indígenas. “El jaguar no solo es clave para el equilibrio ecológico, sino también para la identidad cultural de muchas comunidades”, afirmó Lila Sainz, de WWF.
Estas disposiciones deberán cumplirse en plazos que van desde los 10 hasta los 180 días. El fallo también invoca el Acuerdo de Escazú como pilar para garantizar justicia ambiental, participación ciudadana y protección a quienes defienden la vida silvestre en Bolivia.
