La Paz, 29 de mayo – La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia denunció este miércoles que seguidores de Evo Morales están realizando actos de persecución contra sus afiliados, incluyendo al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, así como a dirigentes de la Federación Yungas Chapare.
En una resolución aprobada por el comité ejecutivo de la organización, se expresa el rechazo a los ataques y amenazas dirigidas contra Mamani y su familia. «Respaldamos y rechazamos el ataque y amenazas en contra de su integridad y su vida de nuestro afiliado Jaime Mamani Espíndola, Viceministerio de Sustancias Controladas, como también la de su familia por parte del señor Evo Morales Ayma y el ala radical», indica uno de los puntos de la resolución.
El 19 de mayo, Morales cuestionó públicamente a Mamani, sugiriendo que su vida podría estar en peligro debido a los narcotraficantes. Ante estas advertencias, los interculturales han solicitado a los ministerios de Justicia, encabezado por Iván Lima, y de Gobierno, bajo la dirección de Eduardo del Castillo, que actúen de oficio para proteger la vida del viceministro y de los dirigentes de la Federación Chapare, Nivardo Rivera Pardo, Julio Saavedra y Jhon Villca.
Vidal Gómez, presidente de la Comisión Política de la Confederación, ha denunciado que los afiliados están siendo amenazados, expulsados y perseguidos en el Trópico de Cochabamba por no alinearse con la política de Morales. «Los afiliados son amenazados, expulsados y perseguidos en el Trópico de Cochabamba por no comulgar con la política dictatorial de Morales», afirmó Gómez.
La Confederación también manifestó su apoyo a la dirección nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), presidida por Grover García. Aunque el Tribunal Supremo Electoral rechazó el registro de la elección en El Alto, la dirigencia del Pacto de Unidad ha impugnado esta decisión.
Además, los interculturales ratificaron su respaldo al gobierno nacional y exigieron a la Asamblea Legislativa la aprobación de proyectos de ley de créditos por más de 920 millones de dólares, y la reanudación de la preselección de candidatos judiciales en conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
