Bolivia, 11 de septiembre de 2024 – El Gobierno Nacional ha tomado medidas decisivas para combatir la crisis de incendios forestales que afecta a Bolivia. El presidente Luis Arce ha firmado el Decreto Supremo 5225, que declara una pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud y la biodiversidad. Esta norma, que entra en vigor de manera indefinida, suspende todas las autorizaciones de quema emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones. Además, las tierras fiscales afectadas serán consideradas no disponibles por cinco años hasta su completa restauración, y se diseñará un plan de repoblamiento de fauna y flora.
Paralelamente, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para endurecer las penas relacionadas con los incendios forestales. Según el proyecto, quienes provoquen incendios que generen peligro para la seguridad de las personas enfrentarán penas de entre 5 a 8 años de cárcel. Los responsables de incendios que afecten a bosques, reservas o tierras forestales, humedales y pastizales podrían ser condenados a entre 6 y 12 años. Además, quienes ordenen o se beneficien de la ejecución de incendios enfrentarán penas de hasta 12 años de prisión, mientras que los que provoquen incendios para expandir áreas de cultivo podrían ser sancionados con penas de entre 5 a 7 años.
El gabinete ministerial se trasladará a Santa Cruz a partir de mañana para coordinar las acciones contra los incendios. Los ministros de Medio Ambiente, Salud, Obras Públicas y Desarrollo Rural y Tierras, entre otros, trabajarán en el despliegue de maquinaria, monitoreo de variables meteorológicas, movilización de equipos de las Fuerzas Armadas y organización del despliegue de bomberos y brigadas médicas.
Estas acciones se suman a los esfuerzos preventivos iniciados hace tres meses antes del inicio de la temporada de chaqueos. El Gobierno insta a productores de todos tamaños a priorizar el bienestar del ecosistema sobre sus intereses individuales, en un esfuerzo por mitigar los graves daños causados por los incendios forestales.
