Sucre, 24 de septiembre de 2025.- El procurador general del Estado, Ricardo Condori, afirmó este miércoles que el caso Sacaba continúa en curso y advirtió que las decisiones judiciales podrían derivar en impunidad, pese a los informes internacionales que califican los hechos de 2019 como “masacres”.
Condori recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció en 2021 que las acciones de fuerzas policiales y militares en Sacaba y Senkata constituyeron masacres. Además, citó los recientes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recomendaron revisar las decisiones adoptadas en este proceso.
“La CIDH y la ONU se han pronunciado para que no se deje en impunidad y que se pueda revisar las decisiones que hoy son objeto de observación”, señaló el procurador en conferencia de prensa.
El titular de la Procuraduría indicó que el proceso penal contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez permanece abierto y que se presentó una apelación en la vía ordinaria, a la espera de la programación de audiencia.
Respecto a un eventual juicio de responsabilidades, precisó que mientras no exista una resolución que defina esa vía, corresponde avanzar mediante la justicia ordinaria. También mencionó que la defensa de Áñez activó un recurso de revisión extraordinaria, cuyo resultado está pendiente en el Órgano Judicial.
Antecedentes
El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez, fuerzas policiales y militares intervinieron una movilización en el puente de Huayllani, Sacaba (Cochabamba), que dejó un saldo de 10 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra intervención militar y policial en Senkata, El Alto, durante protestas contra el gobierno transitorio, provocó la muerte de 10 personas y decenas de heridos.
En agosto de 2021, el GIEI-Bolivia calificó ambos sucesos como “masacres” y recomendó procesos judiciales imparciales que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas.
