Nacional, 12 de septiembre de 2025 . – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación por las recientes decisiones judiciales que anularon procesos contra policías y militares vinculados con las muertes registradas en Senkata y Sacaba en 2019, lo que —según ambas instancias— podría generar un escenario de impunidad.
El Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y el Tribunal Primero de Sacaba declararon la nulidad de los procesos por razones de competencia, decisiones que fueron ratificadas el 9 de septiembre por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz.
La CIDH y ONU Derechos Humanos advirtieron que la anulación de actuaciones procesales constituye un retroceso en la búsqueda de justicia y afecta el derecho de las víctimas al acceso a mecanismos oportunos y efectivos. Asimismo, recordaron que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.
Ambas entidades señalaron que estas determinaciones dificultan la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y de organismos internacionales que documentaron las muertes y heridos en los operativos de 2019.
El informe final del GIEI estableció al menos 20 fallecidos y decenas de heridos, y subrayó la necesidad de garantizar justicia independiente y transparente. A su vez, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 concluyó que existió uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares.
Finalmente, la CIDH y ONU Derechos Humanos instaron a las instituciones bolivianas a adoptar medidas que eviten demoras procesales y garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
