La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, denunció un presunto chantaje por parte de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes estarían condicionando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para blindar su permanencia en el cargo a cambio de habilitar la candidatura de Evo Morales.
Campero afirmó que la presión se habría hecho evidente tras recibir una llamada del personal del TCP. “Nos advirtieron que si no se aprueba una ley para consolidar su prórroga, los magistrados habilitarán a Evo Morales. Y una hora después, la jueza Lilian Moreno –exfuncionaria del propio Morales– anula su orden de aprehensión”, denunció.
La diputada acusó a Moreno de incurrir en prevaricato al extralimitarse en su fallo: no solo dejó sin efecto la imputación y la orden de captura, sino que también ordenó que el caso, que se originó en Tarija, sea trasladado a Cochabamba, bastión político de Morales. “Es un atropello total. El delito ocurrió en Tarija. Esto es una maniobra coordinada entre el TCP y una jueza cercana al expresidente”, declaró.
El caso, que involucra una presunta relación de Morales con una menor de edad, continúa siendo uno de los más sensibles del escenario político-judicial boliviano. Las decisiones judiciales recientes han desatado preocupación sobre la independencia de poderes y la integridad del sistema de justicia.
