El Consejo de la Magistratura anunció una investigación contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, luego de que esta anulara la imputación y la orden de aprehensión contra Evo Morales en un caso de presunta trata y tráfico de personas. El fallo también trasladó el proceso desde Tarija a Cochabamba, donde el exmandatario mantiene fuerte influencia política.
El presidente del Consejo, Manuel Baptista, informó que se ha requerido un informe detallado sobre la actuación de la jueza y advirtió que, si se comprueban irregularidades, se aplicarán sanciones. “El Consejo será tajante con los jueces que incumplan la ley”, subrayó.
Moreno no es ajena a la polémica. En octubre de 2024 ya había frenado una orden similar contra Morales, quien es investigado por un vínculo con una menor de edad que habría tenido un hijo suyo cuando tenía 16 años. La reciente resolución vuelve a paralizar el proceso pese a los reiterados intentos del Ministerio Público por convocarlo a una audiencia de medidas cautelares.
La indagación busca determinar si la decisión de Moreno vulneró normas procesales o fue emitida de forma parcializada. El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Bolivia y el alcance del poder político en los tribunales.
