El Gobierno de Bolivia, a través de los ministerios de Justicia, Desarrollo Productivo y Economía Plural, y Desarrollo Rural, ha convocado a los sectores que rechazan la disposición adicional séptima de la Ley de Presupuesto General del Estado, con el objetivo de reanudar el diálogo y buscar consensos para la reglamentación de esta medida. La convocatoria se hará formalmente la próxima semana, con reuniones previstas para los días lunes y miércoles en La Paz.
El ministro de Justicia, César Siles, explicó que se tratarán reuniones separadas con los representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores de Bolivia, y los gremiales que anunciaron movilizaciones si no se deroga la disposición. El objetivo de la disposición es combatir el agio y la especulación de productos en la canasta familiar a través de un sistema de control y fiscalización más riguroso.
La disposición, que otorga facultades a las entidades competentes para tomar medidas como confiscación y decomiso de productos, ha generado fuertes rechazos en varios sectores, quienes argumentan que afectaría la actividad empresarial en el país. Sin embargo, el Gobierno ha aclarado que la norma no entrará en vigor hasta que se logre un consenso sobre su reglamentación.
El presidente Luis Arce, en su mensaje por los 16 años del Estado Plurinacional, aseguró que la disposición no busca perjudicar a los empresarios honestos, sino más bien erradicar prácticas de agio y especulación que afectan el bolsillo de los bolivianos. El ministro Siles subrayó que el Gobierno está dispuesto a trabajar junto con los sectores involucrados para lograr un reglamento que se ajuste a las necesidades del país, buscando siempre garantizar el abastecimiento de alimentos a precios justos para todos los bolivianos.
La invitación a este nuevo ciclo de diálogos busca evitar la confrontación y propiciar un espacio para el entendimiento mutuo entre las partes, y permitirá que tanto el sector privado como el Gobierno encuentren soluciones que favorezcan el bienestar económico de la nación
