Durante su gobierno, el expresidente Evo Morales defendió en varias ocasiones la presencia de familiares de altos funcionarios en cargos públicos, afirmando que no era un «pecado ni delito» siempre que no se incurriera en nepotismo, conforme a las leyes vigentes. En diversas conferencias, Morales destacó que «todos tienen derecho a trabajar» y sostuvo que las competencias contra su gobierno buscaban desgastar políticamente a sus aliados.
La Contraloría informó que familiares de al menos diez autoridades del Ejecutivo ocuparon puestos clave en el aparato estatal. Entre los casos más mediáticos, se destacó la participación de familiares de la diputada oficialista Valeria Silva, quienes trabajaban en instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP). Morales recordó también haber enfrentado acusaciones similares al inicio de su mandato, justificándolas por la permanencia de parientes en cargos heredados de gobiernos anteriores.
Mientras la oposición denunciaba tráfico de influencias y falta de ética, figuras como la senadora Jeanine Áñez exigían investigaciones sobre posibles violaciones a las normativas de empleo público. Sin embargo, Morales reiteró que las acusaciones no implicaban nepotismo, ya que en muchos casos los familiares ya trabajaban en el Estado antes de que los funcionarios asumieran sus cargos. Las revelaciones constantes generan cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de la ley, convirtiéndose en un tema recurrente en el debate político.
