En un esfuerzo sin precedentes, Bolivia y Chile firmaron este viernes un acuerdo histórico que busca abordar de manera conjunta los desafíos de la migración irregular y reforzar la seguridad en sus fronteras. Este pacto marca un cambio significativo en la cooperación bilateral, especialmente en lo referente al retorno y reingreso de migrantes irregulares.
El acuerdo, que incluye tanto a ciudadanos de ambos países como a personas de terceros Estados, establece mecanismos claros para gestionar el flujo irregular de migrantes en la región. Además, incorpora medidas destinadas a combatir el contrabando y regular el tránsito en las zonas limítrofes, buscando un equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
Previo a esta firma, Bolivia no aceptaba el retorno de migrantes desde otros territorios, lo que generaba un vacío en la gestión migratoria. Con el nuevo convenio, ambos países se comprometen a aceptar el regreso de sus nacionales y de migrantes de terceros países, mejorando la coordinación para enfrentar este fenómeno.
En la práctica, si Carabineros o el Ejército chileno detectan a un ciudadano boliviano o extranjero dentro de los primeros 10 kilómetros desde la frontera chilena, la persona será derivada a la Policía de Investigaciones (PDI). Esta entidad gestionará el retorno con las autoridades bolivianas tras realizar un registro biométrico que garantice la identificación adecuada.
Este acuerdo también se suma a las medidas adoptadas por Chile desde principios de 2023, cuando el Congreso autorizó el despliegue de tropas en la frontera norte para controlar la creciente migración irregular por pasos no habilitados. Asimismo, se han implementado avances tecnológicos para reforzar el control fronterizo.
A pesar de no tener relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, Bolivia y Chile han mostrado voluntad de cooperación en temas clave como la seguridad y la migración. Las tensiones históricas por la reclamación marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 no han impedido que ambos países busquen soluciones conjuntas a problemas urgentes.
En Chile, donde residen alrededor de 1,4 millones de migrantes —lo que equivale a más del 7% de su población—, la mayoría son venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Este contexto refuerza la necesidad de acuerdos binacionales que garanticen una gestión ordenada y segura de los flujos migratorios.
El reciente convenio entre Bolivia y Chile representa un paso firme hacia una mayor colaboración regional en materia de migración y seguridad, demostrando que el diálogo y la cooperación pueden superar las diferencias históricas.
