Cochabamba. 30 de octubre de 2024 – Este miércoles se cumplen 17 días de bloqueos en las carreteras de Cochabamba, encabezados por sectores afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes exigen la habilitación de Morales como candidato para las elecciones presidenciales de 2025 y la anulación de los procesos legales en su contra, incluyendo casos de estupro agravado y trata de personas. Esta situación ha generado pérdidas económicas que superan los $1.500 millones, afectando principalmente al sector productivo del departamento.
Ante el impacto del bloqueo, Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP, expresó en conferencia de prensa que las demandas de los sectores productivos y sociales de Cochabamba son claras: solicitan al Gobierno de Luis Arce decretar un estado de excepción para restaurar el orden y permitir el libre tránsito en las rutas afectadas.
“Hay un pedido generalizado de Cochabamba. Escuchamos a los sectores productivos, agropecuarios, piscicultores, justamente el clamor y el pedido a nuestro hermano presidente, a las autoridades competentes llamadas por ley”, explicó Surco, quien instó a los órganos de Estado, incluido el Judicial, a tomar cartas en el asunto.
Surco enfatizó que el diálogo no debe contemplar la anulación de procesos legales en contra de Morales ni ninguna medida que infrinja la Constitución Política del Estado o la democracia: “Aquí se va a respetar la Constitución, el mandato constitucional, se va a respetar la democracia y la institucionalidad”, aseguró.
Con esta presión creciente para una intervención estatal y la aplicación del estado de excepción, el Gobierno se enfrenta al desafío de reestablecer el orden en Cochabamba sin comprometer los principios legales ni la estabilidad institucional del país.
