Bolivia, 16 de septiembre de 2024 – El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha confirmado la prohibición judicial de la marcha convocada por el dirigente cocalero Evo Morales para el 17 de septiembre. Esta decisión, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, prohíbe cualquier tipo de movilización o bloqueo de carreteras en el país. La medida complica los planes de Morales y sus seguidores, quienes buscan protestar contra el actual presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
La marcha, que algunos analistas han denominado «marcha de la muerte», pretende exigir la renuncia de las autoridades actuales. Ríos expresó su preocupación por la utilización de los seguidores de Morales para promover intereses personales del ex presidente, indicando que el gobierno está comprometido en garantizar el libre tránsito y los derechos ciudadanos. “Hemos tomado conocimiento sobre esta situación y reiteramos nuestro compromiso con mantener el orden y el respeto a la Constitución”, aseguró Ríos.
David Mamani, aliado de Morales, ha anunciado un bloqueo de carreteras para el 16 de septiembre, lo que ha generado inquietud entre las autoridades gubernamentales. La Acción Popular, que data del 16 de febrero, prohíbe expresamente estos bloqueos, y la Policía Boliviana ha sido instruida para actuar conforme a la ley y mantener el orden público.
Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, ha respaldado firmemente la decisión judicial, argumentando que la prohibición responde al sentir del pueblo boliviano ante posibles perjuicios económicos y sociales. Montaño enfatizó la necesidad de preservar el orden y evitar disturbios que podrían afectar la economía y la estabilidad del país.
El gobierno ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de permitir estas movilizaciones, que podrían desencadenar disturbios sociales e interrumpir actividades económicas cruciales.
En respuesta a los recientes acontecimientos, el gobierno está tomando medidas para garantizar el estado de derecho y evitar escaladas de violencia. Las autoridades han advertido sobre intentos de generar temor y crisis social, destacando la importancia de mantener la unidad nacional y el respeto a la Constitución.
