Bolivia, 25 de junio de 2024 – El Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, presentó este martes el Informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, que analiza la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres en Bolivia debido a matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) y al embarazo infantil forzado (EIF). Este estudio abarca la gestión 2023 y arroja datos preocupantes sobre la situación de menores en el país.
La investigación reveló que desde 2014 hasta septiembre de 2023, se registraron 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años. De estos, el 38% corresponde a adolescentes de 16 años y el 62% a adolescentes de 17 años. A pesar de la promulgación de la Ley N.° 603, que establece la edad mínima para contraer matrimonio en 16 años, se constataron 487 matrimonios de niñas de 12 a 15 años.
En cuanto a los embarazos infantiles forzados, los datos del Ministerio de Salud y Deportes indican que entre 2015 y septiembre de 2023 se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes. Aunque se observó una disminución del 57% en los embarazos de niñas y adolescentes desde 2015 hasta 2022, los índices siguen siendo preocupantes en ciertos municipios.
Particularmente, 16 municipios del país presentan un alto porcentaje de embarazos en niñas y adolescentes mujeres de 10 a 19 años, superando el 35% del total de embarazos registrados en 2022. Riberalta, Montero, Guayaramerín, San Borja y San Ignacio de Velasco destacan por sus altos índices de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Riberalta ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 79 casos, precedido por Santa Cruz (428) y Trinidad (144). En San Javier (Beni), los embarazos de niñas de 10 a 14 años representan el 40% del total de embarazos a nivel municipal.
El cruce de datos del Ministerio de Salud y del Ministerio Público evidenció que en nueve municipios existe una alta probabilidad de que los embarazos de niñas y adolescentes sean producto de violación sexual. Estos municipios son: Guanay (46.81%), Portachuelo (40.98%), Cuatro Cañadas (37.04%), Monteagudo (29.03%), Chimoré (27.78%), Caranavi (22.88%), Viacha (22.68%), Punata (22.33%) y Yapacaní (21.46%).
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a los gobiernos autónomos municipales con altos índices de embarazos en niñas y adolescentes reasignar presupuestos para reducir estos índices, fortalecer los servicios de salud en los municipios con mayores casos de embarazo en niñas de 10 a 14 años, orientar sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo, y derogar los artículos 139.II y III y el artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.
