En las afueras de El Alto, la estructura oxidada y abandonada de la Planta Fundidora de Kallutaca se ha convertido en el símbolo más evidente del despilfarro y la ineficiencia estatal. Concebida como un proyecto estrella del gobierno de Evo Morales, impulsado por la entonces ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, la fundidora prometía revolucionar la industria metalmecánica boliviana. Una década después, esa promesa se fundió en el olvido… junto con más de 34 millones de dólares de recursos públicos.
Promesas rotas y cifras que duelen
Anunciado en octubre de 2014 con bombos y platillos, el proyecto preveía que Bolivia comenzaría a fundir su propia chatarra en solo dos años. Morales aseguró que se reducirían los costos de producción en un 30% y se crearían al menos 200 empleos directos. Sin embargo, ninguna de estas metas se cumplió. La empresa estatal “Sank’ayu”, creada para operar la planta, nació sin un estudio técnico serio y quedó abandonada sin producir un solo kilogramo de metal transformado.
Mientras tanto, Bolivia sigue exportando chatarra e importando productos metálicos a precios elevados, justo como antes de que comenzara este fallido experimento industrial.
Un crédito sin retorno
El dinero salió del Fideicomiso FINPRO, que canaliza fondos del Estado para proyectos productivos. En total, se invirtieron más de 241 millones de bolivianos, a través de un préstamo otorgado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM). El Tesoro General de la Nación incluso emitió bonos como garantía del crédito, es decir, si el dinero no se recuperaba —como efectivamente ocurrió— serían los bolsillos de los ciudadanos los que cubrirían la deuda.
El resultado es claro: una pérdida neta para el Estado y una obra inútil que, lejos de generar desarrollo, devora millones en mantenimiento, vigilancia y burocracia.
Senatex y la historia que se repite
Este no es el único caso de mala gestión vinculado a Teresa Morales. Como responsable del desmantelamiento de Enatex —la Empresa Nacional de Textiles— y su transformación en Senatex, Morales estuvo en el centro de otro escándalo. Prometió una “empresa moderna y eficiente”, pero lo que siguió fue un desfalco millonario, miles de despidos y un proceso legal que aún no arroja responsables directos.
La Contraloría ha observado múltiples irregularidades en el manejo de Senatex, incluyendo contrataciones sin respaldo técnico y desvío de recursos. A la fecha, Morales nunca ha respondido públicamente por el colapso de esa empresa ni por el desfalco financiero que arrastró a cientos de familias a la incertidumbre.
Una ministra cuestionada incluso por Evo
En 2015, el propio Evo Morales reconoció su decepción con Teresa Morales, afirmando públicamente: “Lamento mucho decir, me he sentido engañado, defraudado por la exministra de Producción”. Estas palabras, lejos de ser una anécdota, son reflejo de la gravedad de las decisiones tomadas bajo su gestión, cuyas consecuencias siguen afectando a la economía del país.
Conclusión: la impunidad también cuesta
Kallutaca, Enatex, Senatex. Tres nombres, una misma gestora y millones de bolivianos perdidos. Mientras las infraestructuras se oxidan, los trabajadores son despedidos y las promesas se desvanecen, Teresa Morales permanece lejos del ojo judicial. Y es que en Bolivia, el costo de la impunidad también se mide en acero… o en su ausencia.
