Por Juan Carlos Marañón
Un informe de la NACLA revela que la NED financió con más de $us 400.000 a la ANP y la FPP, pero ambas organizaciones periodísticas evadieron dar respuestas claras.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Fundación para el Periodismo (FPP) admiten haber recibido financiamiento del gobierno de Estados Unidos entre 2013 y 2020. Sin embargo, sus representantes son poco claros y reacios a detallar el uso de estos recursos, recurriendo a generalidades en sus explicaciones.
Hace tres años, un informe del North American Congress on Latin America (NACLA) sugirió una intervención estadounidense en Bolivia a través del financiamiento y la promoción de una narrativa específica. Según el informe, esta estrategia influyó en la percepción pública del golpe de 2019, edulcorando comunicacionalmente los hechos a través de think tanks (literalmente, tanques de pensamiento), organizaciones prodemocráticas y medios de comunicación alineados con los intereses de Estados Unidos.
La investigación de Silvana Romano, Aníbal García Fernández y Tamara Lajtman reveló que la National Endowment for Democracy (NED), una organización bipartidista del Congreso estadounidense, destinó $us 225.902 a la ANP entre 2013 y 2016 para un proyecto enfocado en la libertad de expresión. Posteriormente, entre 2016 y 2020, la NED otorgó $us 191.498 a la FPP para la formación de periodistas.
La ANP y FPP, ¿organizaciones independientes?
El 28 de marzo de 2023, representantes de la ANP, la FPP, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNÉP) y la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) presentaron una denuncia ante la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos, agresiones a periodistas y la distribución preferencial de publicidad estatal a medios afines al gobierno del MAS.
Además, representantes de estas organizaciones, que se autodenominan «independientes», calificaron a periodistas que trabajan en medios gubernamentales o privados que reciben publicidad estatal como «no independientes», «oficialistas» o simplemente «masistas». Resulta paradójico que estas mismas organizaciones no apliquen el mismo criterio a sí mismas en lo que respecta al financiamiento extranjero.
Ese mismo día, periodistas considerados «oficialistas» también acudieron a la CIDH para denunciar discriminación por parte de estas entidades, acusándolas de actuar con sesgo político y de no representar equitativamente la realidad del gremio. Recordaron, además, que dichas organizaciones no brindaron respaldo a periodistas víctimas de agresiones, despidos, censura, cierre de medios y corte de emisiones por instrucciones del gobierno de Jeanine Añez, ni se pronunciaron ante el asesinato del periodista argentino Sebastián Moro.
¿Qué son la ANP y la FPP?
La ANP agrupa a propietarios de periódicos, dos revistas y la Agencia de Noticias Fides (ANF). Según su página web, su «único objetivo» es «precautelar la libertad de prensa y el derecho de los bolivianos a acceder a información real y fidedigna, al margen de cualquier interés partidario y/o sectario».
La FPP se presenta como una organización orientada a mejorar la calidad del periodismo en Bolivia, argumentando que surge como «una respuesta a la inexistencia de escuelas de formación de periodistas», pese a que existen carreras de Ciencias de la Comunicación con programas de periodismo en la mayoría de las universidades públicas y privadas desde 1971.
Los objetivos estratégicos de la FPP, según su página web, son la capacitación teórica y práctica con enfoque ético y valores periodísticos, promover el análisis periodístico, la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, y mejorar la calidad de la información.
En sus respectivos sitios web, tanto la ANP como la FPP tienen secciones dedicadas a sus estatutos, pero estos no están publicados. En el caso de la ANP, el espacio está vacío, mientras que la FPP publica únicamente la personería jurídica otorgada por la prefectura de La Paz en 2008.
El poder de la narrativa
El informe del NACLA detalla cómo actores externos y nacionales, a través del financiamiento y estrategias de comunicación, influyeron en la crisis boliviana de 2019. Explica el papel de think tanks y medios internacionales en la construcción de un relato que legitimó el golpe de Estado, cuestionando la reelección de Evo Morales, reforzando las denuncias de fraude electoral y excluyendo otras perspectivas.
El think tank Inter-American Dialogue, con sede en Washington, publicó en 2019 varias notas críticas contra el Movimiento al Socialismo (MAS) y organizó eventos con analistas bolivianos como Raúl Peñaranda y Daniel Moreno, quienes aportaron su «opinión experta» sobre las elecciones.
Peñaranda, director de Brújula Digital, fue fellow (miembro) de la National Endowment for Democracy (NED) en 2017 y obtuvo la beca Reagan-Fascell, otorgada por esta organización, lo que le permitió permanecer un semestre en Washington D.C. Durante su estancia, se enfocó en el estudio de democracias en riesgo y se convirtió en el primer boliviano en recibir ambas distinciones, según su currículo.
El informe destaca que, en 2021, Peñaranda se convirtió en asesor del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Jeanine Añez. Por su parte, Daniel Moreno dirige Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.
El Inter-American Dialogue también amplificó las voces del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, el exsenador Óscar Ortiz Antelo y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, quienes fueron citados como referentes en medios como CNN y The Washington Post.
En octubre de 2019, Ben Raderstorf y Michael J. Camilleri, ambos afiliados al think tank, publicaron un artículo en The Washington Post donde alertaban que la reelección de Evo Morales «podría poner en peligro la democracia en el país andino».
El informe subraya el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis. Su informe sobre los comicios, que alimentó las denuncias de fraude, ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, y recientemente un grupo de congresistas de EEUU solicitó una revisión de su papel en las elecciones bolivianas de 2019.
A pesar de que el informe de la OEA fue enarbolado por los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga como una prueba del «monumental fraude», en ninguna de sus 96 páginas aparece la palabra «fraude». El documento solo hace referencia a irregularidades.
Otro punto clave del informe es el financiamiento del gobierno estadounidense a medios y organizaciones bolivianas. Entre 2013 y 2020, la NED destinó más de $us 417.400 a entidades como la ANP y la FPP. También se identificaron fondos dirigidos a organizaciones vinculadas a la oposición política, aunque el informe no las identifica.
Lo que llamó la atención fue el silencio que siguió a la publicación del informe. Ninguna de las personas ni organizaciones mencionadas refutó la investigación. Este silencio plantea interrogantes sobre la veracidad de las afirmaciones y la postura de las organizaciones de la prensa beneficiadas con los financiamientos.
Falta de transparencia
Para contrastar el informe sobre el financiamiento de la NED, se enviaron dos cuestionarios casi idénticos al director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, y al director ejecutivo de FPP, Renán Estenssoro. El objetivo era conocer sus versiones sobre el tema, así como los nombres de las instituciones que los financian y los montos recibidos por ambas organizaciones, comprometidas con la defensa de la libertad de prensa y «la mejora de la calidad del periodismo en Bolivia».
«El Directorio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) informa que las donaciones recibidas sirvieron para el monitoreo y la denuncia de agresiones a periodistas y medios de información, y para el trabajo de un equipo de juristas en apoyo a periodistas hostigados judicialmente por el desempeño de su labor», fue el único texto que envió Chávez como respuesta a 10 preguntas del cuestionario.
Cuestionario remitido a la ANP y FPP
¿Es correcto el monto mencionado en la publicación?
¿Puede proporcionar detalles específicos sobre los proyectos y actividades de la ANP financiados por la NED?
¿Qué criterios utiliza la NED para seleccionar las organizaciones de prensa que reciben financiamiento?
¿Qué impacto ha tenido el financiamiento de la NED en el periodismo y la libertad de prensa en Bolivia?
¿Existen requisitos o condiciones asociadas al financiamiento de la NED? En caso afirmativo, ¿podría explicar en qué consisten?
¿Cómo garantiza la ANP la independencia y transparencia en el uso de los fondos recibidos?
¿Existen otras organizaciones internacionales o países que también proporcionen financiamiento a la ANP? En caso afirmativo, ¿podría mencionarlos?
¿USAID ha financiado a la ANP o alguno de sus proyectos? De ser así, ¿podría especificar cuáles?
¿Cuál es la diferencia entre recibir financiamiento del gobierno boliviano y recibirlo del gobierno de EE.UU.?
¿La ANP enfrenta dificultades en el acceso a financiamiento o donaciones debido a que es una organización de propietarios de periódicos?
La respuesta de Chávez, atribuida al directorio de la ANP, aborda parcialmente las preguntas 2 y 4, al mencionar que las donaciones se destinaron al monitoreo de agresiones contra periodistas y a un equipo de juristas para apoyar a periodistas judicialmente hostigados.
La ANP no responde a 8 preguntas del cuestionario: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, las cuales solicitan información sobre el monto recibido, las condiciones asociadas al financiamiento, la transparencia en el uso de los fondos, otras fuentes de financiamiento, y las diferencias entre los fondos provenientes de Bolivia y EEUU, entre otros puntos.
Chávez y el directorio de la ANP enviaron una respuesta insuficiente y general, sin realizar un esfuerzo por brindar una explicación estructurada y profesional a alguna de las diez preguntas del cuestionario, a pesar de que él, como director ejecutivo, solicitó su envío a través del correo oficial de la ANP.
La ANP no menciona ni confirma aspectos fundamentales como el monto exacto del financiamiento, los proyectos financiados, las condiciones asociadas al financiamiento y el uso de los fondos recibidos.
La falta de rigor institucional, así como el tono inadecuado y poco periodístico de la respuesta, generan sospechas sobre la transparencia de la organización. La omisión de datos y la evidente falta de voluntad para explicar el uso de los fondos recibidos sugieren que la ANP no quiere o no puede rendir cuentas sobre el financiamiento.
FPP: transparencia opaca
Renán Estenssoro confirmó la exactitud del monto de $us 191.498 que esa fundación recibió de EEUU. Esta fue la única precisión en sus respuestas, ya que las demás resultaron ambiguas, carentes de datos concretos y poco transparentes.
No obstante, adoptando un tono más receptivo, intentó disipar las dudas al mencionar la existencia de mecanismos de transparencia como auditorías externas, un código anticorrupción y un manual administrativo.
Con todo, las respuestas de Estenssoro se caracterizaron por su vaguedad, algo que, como periodista experimentado, seguramente reconoce. No facilitó el acceso a los documentos mencionados ni especificó los resultados de las auditorías.
En la sección de «Transparencia» del sitio web de la FPP se publican opiniones de auditorías sobre estados financieros, pero sin incluir cifras. Al parecer, el objetivo es validar sus actividades sin detallar el destino de los fondos recibidos.
Estenssoro hizo una lista de varias organizaciones que financian a la FPP, pero sin proporcionar montos específicos ni información sobre los proyectos financiados.
A la pregunta 4 del cuestionario: «¿Qué impacto ha tenido el financiamiento de NED en el periodismo y la libertad de prensa en Bolivia?», respondió que tiene un alto impacto porque impulsa la innovación periodística, proporciona herramientas tecnológicas de investigación y fortalece la capacitación en derechos humanos, incluyendo el acceso a la información. Citó una lista de periodistas capacitados sin mencionar ejemplos concretos que respalden sus afirmaciones.
El director ejecutivo de la FPP no proporciona casos específicos en los que dicho impacto pueda ser evaluado. No se explica, por ejemplo:
¿Qué innovaciones periodísticas se han desarrollado gracias a este apoyo?
¿Cómo han mejorado las herramientas tecnológicas de investigación periodística?
¿Qué cambios concretos se han observado en la cobertura periodística a raíz de estas capacitaciones?
¿Se ha registrado un aumento en la cantidad o calidad de investigaciones publicadas?
La respuesta no demuestra con datos verificables ni ejemplos concretos que el financiamiento haya fortalecido la libertad de prensa o la calidad del periodismo en Bolivia. Se necesita una argumentación más sólida que vincule los fondos recibidos con resultados tangibles.
El periodismo siempre ha colocado a la transparencia como un valor fundamental. La falta de datos concretos y la negativa a proporcionar acceso a documentos esenciales generan dudas legítimas sobre la gestión de estos fondos. Sin evidencia verificable, la FPP no logra despejar las sospechas sobre la verdadera dimensión de su financiamiento y su impacto en el periodismo boliviano.
Si la FPP es una organización académica cuyo objetivo es mejorar la calidad del periodismo en Bolivia, es de esperar una total transparencia al responder un cuestionario relacionado con sus actividades.
Las cuentas y la narrativa
La falta de transparencia de la ANP y la FPP es especialmente preocupante considerando su rol institucional: una representa a medios de comunicación y la otra forma a «periodistas de investigación». La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan los fondos que reciben estas organizaciones y, dado el informe de NACLA, ¿cuál es la narrativa que se aplica? ¿Es equilibrada en un país políticamente polarizado?
Es crucial que la FPP y la ANP rindan cuentas y aclaren el destino de los fondos recibidos de la NED y otras organizaciones internacionales y nacionales. También deben explicar si estos fondos han influido en su discurso y si mantienen la independencia que cuestionan a quienes reciben publicidad del gobierno.
Sería una forma de generar y recuperar la confianza de la ciudadanía en la prensa en general y demostrar su compromiso con la transparencia y la profesionalidad periodística.
El periodismo exige claridad y responsabilidad, especialmente de aquellas instituciones que dicen defender la libertad de prensa. Si la ANP y la FPP manejan así sus relaciones con la prensa, es válido cuestionar su rol como defensoras de la libertad de expresión. Sin respuestas precisas y verificables, la percepción pública de opacidad, manipulación y evasión solo fortalecerá la falta de credibilidad en el periodismo boliviano.
Fuente: La Razón
