La Paz, 6 de junio de 2024 – La facción del evismo junto con la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desafiaron una orden del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y llevaron a cabo una sesión que ha sido calificada como ilegal. Esta acción, liderada por Andrónico Rodríguez, ha generado una crisis institucional al aprobar de manera acelerada varios proyectos de ley, incluyendo los polémicos proyectos 073 y 075, que cesan en sus funciones a magistrados del Órgano Judicial y del TCP.
La convocatoria inicial de Andrónico Rodríguez, aparentemente destinada a tratar una ley de amnistías, ha sido revelada como una estratagema para destituir a los magistrados y allanar el camino para una quinta repostulación inconstitucional de Evo Morales a la presidencia. Esta maniobra ha sido vista como un golpe directo contra los poderes Legislativo y Judicial, en una acción que recuerda los eventos de 2019.
Rodríguez, autoproclamado «presidente en ejercicio de la ALP», procedió a convocar una sesión que el TCP ya había declarado nula. Esta sesión, en la que se cambió el orden del día y se aprobaron varios proyectos de ley a velocidad récord, ha sido denunciada como un golpe de Estado que socava la democracia y la institucionalidad del país. Las acciones de Rodríguez han sido comparadas con las de Jeanine Áñez en 2019, resaltando la gravedad de la situación.
La alianza entre el evismo y la derecha ha sido denunciada como un movimiento para satisfacer los intereses personales de Evo Morales y su círculo cercano, sin considerar el daño a la democracia boliviana. Esta colaboración ha permitido la aprobación de leyes controvertidas, demostrando que ambos bandos están dispuestos a actuar en contra del Estado de derecho para alcanzar sus objetivos.
El TCP había dispuesto la suspensión de cualquier convocatoria realizada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, declarando nulos de pleno derecho cualquier acto o disposición emitida posteriormente. Sin embargo, esta orden fue ignorada, y la ALP procedió a aprobar proyectos de ley como la construcción de la carretera Caracollo – Colomi, y las leyes 073 y 075, que suspenden actos procesales y cesan a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP.
Las acciones de Rodríguez, al desobedecer órdenes judiciales, podrían llevar a procesos legales en su contra. La aprobación de estos proyectos de ley en una sesión declarada ilegal podría tener repercusiones significativas para la estabilidad política y judicial del país.
