Un escándalo de proporciones crecientes sacude la ciudad de Santa Cruz, tras la denuncia de que altos funcionarios de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) habrían protegido a los responsables de una operación de narcotráfico internacional, que involucró el envío de una tonelada de droga camuflada en almendras hacia Europa. El caso, que fue descubierto este fin de semana en la empresa importadora y exportadora Adonai, está siendo señalado por una serie de irregularidades y complicidades que involucran tanto a actores del sector público como a figuras cercanas al entorno político local.
De acuerdo con el testimonio de José Requena, el cuidador de las instalaciones donde se descubrió la droga, en el momento de la intervención policial había tres personas detenidas. Sin embargo, las autoridades competentes, encabezadas por el fiscal de materia Juan Pablo Sánchez y el capitán A.T., jefe de la FELCN, habrían negociado su liberación a cambio de una parte de la droga y pagos en efectivo, lo que implicaría una clara operación de corrupción y protección a los narcotraficantes.
La investigación ha identificado a María Gaby Mauricio Gutiérrez, quien se presenta como la propietaria y representante legal de la empresa Adonai, como una pieza clave en esta red de narcotráfico. Según la información obtenida por la Red DTV, Gutiérrez no solo está vinculada con la empresa, sino que también tiene relaciones cercanas con miembros de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, específicamente con una concejal municipal, lo que sugiere un posible entramado de corrupción y protección política detrás del caso.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía mantienen un hermetismo absoluto en torno a las investigaciones, sin explicar el motivo de la liberación de los implicados ni el porqué de la presunta complicidad con los narcotraficantes, entre los que figuran Omir Vaca, Roger Saucedo Aguada y María Gaby Mauricio Gutiérrez. Estos individuos, plenamente identificados como los principales responsables de la operación ilícita, se encuentran actualmente en libertad, lo que ha levantado sospechas sobre la existencia de redes de protección que facilitan su impunidad.
El destino final de la carga de droga, que estaba prevista para ser enviada a España a través de puertos chilenos, se revela como parte de una red internacional de narcotráfico que parece haber contado con la colaboración de funcionarios tanto locales como de la policía. La sospecha de una manipulación encubierta de las autoridades y la liberación de los implicados sin mayores explicaciones continúa alimentando las críticas hacia la falta de acción efectiva frente a los carteles de droga que operan en el país.
Este caso ha generado una ola de indignación en Santa Cruz, donde sectores de la sociedad exigen respuestas claras y sanciones para los involucrados, al tiempo que cuestionan la relación entre el narcotráfico y las autoridades municipales, fiscales y policiales. La ciudadanía exige una investigación a fondo que revele la extensión de esta red criminal y que se tomen las acciones correspondientes para garantizar que los responsables no queden impunes.
