El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identifica 155 pasos clandestinos en fronteras

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identifica 155 pasos clandestinos en fronteras

Bolivia, 9 de octubre de 2024 – El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando ha revelado la identificación de 155 pasos clandestinos utilizados por organizaciones delictivas para el contrabando inverso de alimentos. En respuesta, el Gobierno nacional ha decidido reforzar los controles fronterizos mediante la colaboración con el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) y otras instituciones pertinentes.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó que el sistema de control abarca una extensa línea de frontera de 2.151 kilómetros, con un enfoque particular en las zonas del occidente del país. «Estos pasos clandestinos han sido fundamentales para la operación de contrabando, y es nuestra tarea cerrarlos», destacó Velásquez en una entrevista con Red Uno.

Para enfrentar esta problemática, el Gobierno ha implementado al menos tres medidas clave, entre ellas la militarización de las fronteras. Según Velásquez, se ha estructurado una nueva estrategia que se divide en tres “líneas de interdicción”. La primera línea se concentra en los límites fronterizos con Perú, Chile, Argentina y Paraguay, donde el CEO-LCC cuenta con aproximadamente 400 profesionales capacitados para combatir este ilícito.

La segunda línea de control se establece en las vías troncales y las redes camineras, donde se han creado puntos de control aduaneros en colaboración con grupos de reacción inmediata de la Aduana. Esta coordinación incluye tanto a miembros del comando como a personal aduanero. Por último, la tercera línea se centra en los mercados y centros de abasto, donde opera el Comité de Seguridad Alimentaria para garantizar que los productos que ingresan sean legítimos y seguros.

Con estas medidas, el Gobierno busca intensificar la lucha contra el contrabando inverso de alimentos y proteger la economía local, garantizando así un comercio más justo y regulado en el país.