Bolivia, 2 de octubre de 2024 – El expresidente Evo Morales Ayma enfrenta serias acusaciones por el delito de trata de personas. La investigación se centra en la relación que mantuvo con Cindy Sarahí Vargas Pozo, quien, según la documentación presentada, quedó embarazada a la edad de 15 años.
La partida de nacimiento del bebé, emitida en Yacuiba, Gran Chaco, indica que el registro fue realizado en 2016, cuando la progenitora contaba con solo 16 años. Este hecho ha llevado a la Fiscalía a cuestionar las circunstancias que rodean la concepción del menor, así como la posible complicidad de los padres de la joven. Idelza Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, se alega, habrían consentido la relación entre su hija y el entonces presidente, con la aparente intención de beneficiarse políticamente a través del grupo denominado «Generación Evo».
Este grupo, creado para respaldar el gobierno de Morales en todos los departamentos del país, ha sido señalado como un mecanismo de presión y manipulación por parte de los padres, quienes, se sospecha, buscaban aprovechar la situación para obtener cargos y beneficios en el ámbito político.
Las acusaciones han llevado a la Fiscalía a emitir una resolución de aprehensión contra Morales, quien ya se encontraba bajo el escrutinio público por diversas razones relacionadas con su mandato. Las implicaciones legales de este caso son profundas, ya que el delito de trata de personas conlleva severas penas y pone en entredicho no solo la ética del exmandatario, sino también la integridad de su administración.
Este caso resalta la importancia de proteger los derechos de los menores y garantizar que se tomen medidas adecuadas ante situaciones de explotación y abuso.
La Fiscalía se encuentra comprometida en esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos aquellos que pudieran haber estado involucrados en este escabroso asunto.
La justicia bolivia deberá actuar con diligencia y rigor ante las múltiples denuncias que han surgido durante la gestión del expresidente Evo Morales. La población exige que se investiguen a fondo todas las acusaciones, garantizando que se haga justicia y se respete el estado de derecho.
