Bolivia, 25 de septiembre de 2024 – La Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez, alegando un daño económico de casi 12 millones de bolivianos durante su gestión entre 2021 y 2023. Según el actual procurador, el daño se origina en la terciarización de servicios legales, donde Chávez optó por contratar peritos y abogados extranjeros para defender al Estado, en lugar de utilizar los recursos disponibles en su propio equipo de aproximadamente 170 abogados.
La denuncia detalla que, de los casi 12 millones de bolivianos comprometidos para el pago a estos bufetes, se estima que un monto aproximado de 5.4 millones ya se había desembolsado. Esto no solo representa una pérdida significativa para el Estado, sino que también ha desviado recursos que podrían haber sido utilizados para otras necesidades dentro de la Procuraduría.
El procurador enfatizó que este gasto resulta incoherente, ya que su oficina fue creada para defender los intereses del Estado sin depender de recursos externos. «Este trabajo debió haberlo realizado el abogado de la Procuraduría», afirmó, destacando que las gestiones anteriores han puesto en riesgo el cumplimiento de las funciones fundamentales del organismo. La denuncia se enmarca en una serie de irregularidades que incluyen resoluciones contrarias a la Constitución y la conducta antieconómica por parte de la administración de Chávez.
