La Paz, 9 de septiembre de 2024 – La tarde de este lunes, un grupo de aproximadamente treinta personas afines al expresidente Evo Morales ingresó de manera violenta a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, causando destrozos y agrediendo a las personas que se encontraban en el lugar. El ataque fue atribuido como represalia por la convocatoria a la «Gran Marcha Nacional» en defensa de la democracia y la economía, que está prevista para este martes.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, calificó el hecho como un «intento de golpe sindical» y denunció que la turba destruyó equipos de computación y muebles dentro de la sede, ubicada en la calle Pisagua. Según Huarachi, los atacantes tenían como objetivo impedir la marcha convocada para presionar por la aprobación de créditos que están estancados en la Asamblea Legislativa.
El ataque ocurrió mientras el Comité Ejecutivo de la COB se encontraba fuera de la sede, preparando los detalles de la movilización. Tres personas que estaban en el inmueble fueron agredidas y expulsadas. Durante el incidente, los seguidores de Morales, liderados por Humberto Claros y Enrique Mamani, irrumpieron en el lugar exigiendo la presencia de Huarachi y amenazaron con regresar para «sacar a patadas» a los dirigentes de la COB.
Tras el ataque, los agresores dieron una conferencia de prensa en la misma sede de la COB, donde anunciaron que no desistirían de sus acciones. Sin embargo, afiliados a la organización sindical llegaron al lugar y lograron que los responsables de la toma escaparan.
Huarachi denunció públicamente este acto de violencia y pidió a la comunidad internacional estar atenta a lo que calificó como un asalto «delincuencial y político» con el objetivo de truncar la marcha. Además, reveló que ha estado recibiendo amenazas contra su vida y la de su familia.
Pese a los destrozos, Huarachi ratificó que la marcha se llevará a cabo este martes, exigiendo la aprobación de 12 proyectos de ley de créditos por más de $us 1.077 millones y la reforma de la Ley de Pensiones, además de advertir a los legisladores que trabajen en las demandas sociales y económicas que la COB ha presentado.
